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Urgen a aprobar iniciativa ciudadana sobre desaparición forzada.

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, urgió a aprobar antes de que acabe el presente periodo ordinario de sesiones, la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares, planteada por grupos de la sociedad civil y familiares de las víctimas.

El legislador recalcó que en México, de acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR), existen al menos 23 mil 271 personas desaparecidas o no localizadas.

No obstante, para las familias de desaparecidos, la cifra no es confiable y hay muchos más ciudadanos en el país en esa situación.

Indicó que la gravedad del asunto obliga al Congreso de la Unión a acelerar el paso en el análisis del marco legal para combatir la desaparición forzada de personas.

Añadió que para contar con una normatividad integral es indispensable tomar en cuenta la opinión y propuestas de los familiares de las víctimas

Manifestó que la desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos de las personas y sus familiares, por lo que el Legislativo debe responder de inmediato, aprobando leyes que den certidumbre a la ciudadanía sobre el número de víctimas y protocolos adecuados para su búsqueda y localización.

El legislador perredista expuso que la reforma al artículo 73 de la Constitución, avalada en la pasada Legislatura y que se publicó de manera formal el pasado 10 de julio, establece un plazo de 180 días para emitir la Ley General en materia de desaparición forzada.

Por ello es necesario acelerar su aprobación y redoblar esfuerzos para elaborar una norma que aborde el problema de manera integral, a partir de enfoques jurídicos, forenses y de derechos humanos, donde el Estado centre las acciones en la búsqueda de los desaparecidos, y en otorgar el apoyo necesario a sus familiares.

“Acordamos que nos vamos a estar reuniendo periódicamente en mesas de trabajo, con todos los involucrados para enriquecer esta demanda ciudadana, en la cual no somos ajenos al dolor que se sufre con la desaparición de cualquier persona”, dijo, luego de que un grupo de representantes de organizaciones y familiares de desaparecidos entregaran a la Mesa Directiva la propuesta antes citada.

Enfatizó que la desaparición forzada de personas es un delito que tiene graves implicaciones para la víctima, sus familiares, su comunidad y la sociedad en su conjunto, por lo que la participación de la sociedad civil en la atención a la problemática es indispensable para contar con leyes eficaces y diseñar políticas públicas adecuadas.

Subrayó que la propuesta ciudadana plantea entre otros elementos, dar reconocimiento a la personalidad jurídica de desaparecido, aunado a que amplía el concepto de desaparición no solo por parte de autoridades y servidores públicos, es decir, el Estado; sino las perpetradas por particulares.

En la ley en elaboración, apuntó, se debe combatir tanto la desaparición forzada, como otras formas de privación de la libertad y violación a los derechos humanos entre las que figuran la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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