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‘GOBIERNO CRIMINALIZA A MENORES MIGRANTES’: CIDH

Los migrantes en México están en una situación de extrema vulnerabilidad y esto representa una de las principales “tragedias humanitarias” de la región, señaló la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Felipe González, relator sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, señaló además que la respuesta del Gobierno mexicano para resolver este problema ha sido insuficiente, pero además contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, pues lejos de brindarles protección, los criminaliza.

Como consecuencia de ello, resaltó, el fenómeno en lugar de tener una disminución, se ha agravado sin que el Estado haya adoptado una política integral en materia de protección a los migrantes.

El experto indicó que en nuestro País se abusa de la detención de migrantes en estaciones migratorias, y que agentes migratorios y policía de todos los niveles cometen a menudo abusos de autoridad en su contra.

En relación con la niñez migrante dijo que éstos requieren de protección internacional dado el estado de vulnerabilidad en el que están y los motivos por los que se ven orillados a abandonar sus países, pero en México no la encuentran, y por el contrario, son detenidos.

Respecto a la situación de los menores migrantes no acompañados, el experto manifestó que ellos se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad debido a que pueden ser víctimas de delitos y abusos durante su tránsito por México.

El informe fue elaborado luego de la visita que realizaron a nuestro País el relator y su equipo, del 25 de julio al 2 de agosto del 2011. El relator explicó que después de esa visita, siguió solicitando información a las diferentes dependencias para poder tener un panorama más completo a este respecto.

En este reporte, la Comisión se dice profundamente preocupada por los reiterados reportes de que los migrantes en situación irregular, así como los solicitantes de asilo y refugiados, son víctimas de continuos abusos y actos de violencia, “los cuales son cometidos por organizaciones del crimen organizado, delincuentes comunes y agentes estatales mexicanos o mediante la aquiescencia, tolerancia u omisión de estos últimos”.

El relator señaló que la decisión del Gobierno federal ante el crimen, mediante despliegues militares y la policía, ha recrudecido la violencia.

El experto resaltó que el acceso a la justicia es también materia pendiente, pues la mayor parte de los casos que llegan a ser denunciados están impunes.

Agregó que una vez que estas personas están en detención migratoria sus posibilidades de ser liberadas mientras se adelantan sus procedimientos migratorios son mínimas.

Por ello, urgió al Gobierno de México a establecer una política específica para prevenir, perseguir y sancionar los delitos que se cometen contra esta población, pues recordó que el deber de todo Estado es brindarles protección.

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