La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhibió que el gobernador de Campeche, Fernando Eutimio Ortega Bernés, incumplió con una recomendación del órgano defensor local en materia de reparación de daños a una víctima herida de bala por la Policía Estatal Preventiva de la entidad, al parecer por haber pasado un retén sin hacer alto.

Ante ello, la CNDH emitió una recomendación al gobernador por el recurso de impugnación del ciudadano que fue herido de bala. Tras una investigación, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche encontró evidencia de que, con tales acciones, fueron vulnerados los derechos humanos a la seguridad jurídica, por el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza de autoridades policiales en su modalidad de uso de arma de fuego y lesiones, detención arbitraria y falsa acusación.

El 30 de octubre del 2012, la comisión local emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad de Campeche, la cual fue aceptada por el director de Asuntos Jurídicos y Supervisión Interna de la Actuación Policial de dicha dependencia, el 11 de noviembre del mismo año.

En ella, se pide reparar el daño ocasionado a la víctima, y garantizarle atención médica especializada, hasta su recuperación. A su vez, solicita proporcione un informe veraz y oportuno respecto de los hechos, y que se investiguen; capacitar a los elementos de la Dirección Operativa de Seguridad Pública, para que en el desarrollo de sus funciones se apeguen a lo establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expone que tanto el director como el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad de Campeche faltaron a la verdad, al informar de las acciones que había realizado esa dependencia para acatar la recomendación, sin entregar pruebas de su total cumplimiento.

Inconforme, el agravado presentó un recurso de impugnación el 24 de junio del 2013, por el cual la CNDH investigó y encontró evidencias de la omisión de las autoridades de Campeche.

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