El Partido Verde es el ejemplo más notorio de un sistema de partidos lleno de deformaciones y corruptelas.

Nació desde el poder, impulsado en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari a partir de una idea de Manuel Camacho Solís, entonces cerebro político del grupo en el gobierno. La idea era cubrir de manera artificial un nicho programático que entonces emergía en la política mundial: la defensa del medio ambiente como causa movilizadora de voluntades colectivas. Se trataba de legitimar las reformas políticas del gobierno salinista, que dieron origen al IFE, con una falsa imagen de pluralidad para restarle impacto a la férrea oposición encabezada entonces por Cuauhtémoc Cárdenas y el naciente PRD. La invención de un partido que le diera un tono de modernidad a la política mexicana, pero que no constituyera una amenaza real ni representara un auténtico ecologismo. Con la creación del Verde se neutralizó en México al verdadero ambientalismo político, entonces en embrión y que desde entonces no ha podido desarrollar una opción propia.

El Verde nació como una simulación en manos de una familia de hampones y acabó convertido en un redituable negocio gracias al marco institucional que norma la operación y el financiamiento de los partidos. El principal beneficiario hoy de esa franquicia es el PRI de siempre, al que desde hace años le sirve como apéndice para encauzar votos a su molino con otra fachada. Que el Verde engaña a los electores es una perogrullada, y puestos a ver quién engaña, no creo que exista partido alguno que se salve de ese pecado. Sus reiteradas violaciones al marco legal, que lo han convertido en la organización que más cínicamente se ha especializado en aprovechar el sistema de incentivos del sistema electoral existente, merecen sin duda ser penalizadas con rigor, pero no creo que por ello se le deba quitar el registro para participar en los procesos electorales.

El derecho o no a permanecer en el sistema de competencia debe depender exclusivamente de los votos obtenidos, no de disposiciones administrativas o judiciales, a menos, claro está, de que se trate de organizaciones que promuevan una ideología criminal que vaya contra los derechos fundamentales de las personas. De cualquier otra manera, estoy convencido que todas las opciones deben de tener la oportunidad de buscar votos.

Lo que en realidad deberíamos estar discutiendo es el sistema mismo de registro de los partidos, junto con la manera y los montos en los que se les otorga el financiamiento público. La figura de registro de los partidos basado en asambleas multitudinarias y con restricciones temporales para obtenerlo se inventó en la Ley Electoral Federal de 1946 y surgió como un mecanismo de control para proteger al PRI de posibles fracturas en torno a candidaturas fuertes; al mismo tiempo, se creaba un mecanismo útil para poner en manos del propio gobierno el control sobre los partidos que aparecerían en las boletas electorales: las asambleas debían ser avaladas por notarios o jueces de paz, quienes les debían su trabajo a los gobernadores y nunca certificarían una asamblea que no tuviera el visto bueno gubernamental.

Con esas reglas funcionó el régimen del PRI durante su época clásica, blindado contra escisiones y protegido de competencias incómodas o de partidos no dóciles. El Partido Comunista fue la principal víctima de ese sistema de exclusión, mientras que a su sombra se desarrollaron partidos comparsa del PRI —el PPS y el PARM—, útiles para simular una pluralidad inexistente. Incluso el PAN obtuvo su registro gracias al visto bueno del gobierno de Ávila Camacho y jugó el papel de “leal oposición”, bien adaptado al sistema de incentivos que aquel sistema generaba.

La reforma política de 1977 cambió las cosas y abrió el sistema de partidos con el llamado registro condicionado; según las nuevas reglas, para participar en las elecciones se requería demostrar que se trataba de una corriente de pensamiento con perfil propio, que se contaba con estatutos, programa de acción y declaración de principios respetuosos de la Constitución, que se había tenido actividad política durante los últimos cinco años —por medio de publicaciones y otros testimonios de actividad— y presentar una lista completa de candidaturas para la legislatura federal. Las organizaciones que cumplieron con esos requisitos —el Partido Comunista, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partidos Demócrata—aparecieron en la boleta en 1979 y obtuvieron unas prerrogativas básicas para hacer campaña: propaganda impresa, garantías para divulgar sus programas, algunos vehículos y poco más. Con esos recursos restringidos y mucha actividad de voluntarios militantes, los tres superaron el 1.5% de la votación requerida para acceder a la representación legislativa.

El sistema de registro condicionado se eliminó de la ley en 1986, pero reapareció en el COFIPE de 1990, para volver a ser eliminado con la reforma de 1996, cuando los tres partidos mayores que pactaron el nuevo arreglo electoral decidieron volver al proteccionismo del registro basado en asambleas con algunas adecuaciones. Desde entonces, en cada ronda de reforma electoral, el sistema se ha ido haciendo cada vez más cerrado y excluyente.

El sistema de registro basado en asambleas deforma el proceso de organización partidista, pues estimula a los operadores políticos movilizadores de clientelas y genera incentivos negativos para la afiliación individual y la construcción orgánica basada en la deliberación ideológica y programática. En un país con buena parte de la población debajo de la línea de la pobreza, la movilización política se basa fundamentalmente en el intercambio de algún bien o algún servicio. Una precaria despensa es suficiente para acarrear a la gente a las asambleas y los intentos legales por impedir que las constitución de los partidos no sea mera movilización clientelista han conducido sólo a perfeccionar la simulación. De ahí los partidos “emergentes” que hemos tenido. Incluso aquellos con mayor vocación de convertirse en opciones programáticas consistentes han sucumbido por la deformación orgánica que la movilización clientelista originaria ha provocado.

Para sacar de la competencia al Verde, lo que hay que hacer es convencer a sus electores de que voten por otras opciones, cosa difícil con los partidos que tenemos. Sólo una reforma que permita el ingreso a la competencia de fuerzas creadas por grupos de ciudadanos que pongan en juego un programa y una lista de candidatos va a airear el hediondo sistema de partidos. Una reforma que desligare el registro del financiamiento ingente que hoy reciben los partidos recién registrados, para evitar que se cuelen quienes sólo buscan obtener los recursos públicos correspondientes. A las nuevas fuerzas sólo habría que otorgarles espacios proporcionales en radio y televisión y garantías de difusión de sus programas y sus candidaturas. Y a todos los partidos habría que reducirles sustancialmente el financiamiento, a ver si con recursos precarios a los dueños del Verde les sigue conviniendo el negocio.

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