De Arely Gómez González poco se sabía hasta que el presidente Enrique Peña Nieto la nominó ante el Senado de la República para el cargo de Procuradora General de la República, en sustitución de Jesús Murillo Karam.

Si usted busca antecedentes de la abogada por la Anáhuac, encontrará muy pocos. Hay dos hechos a resaltar:

Uno, cuando de la mano del Ministro Mariano Azuela se convirtió en una parte importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser nombrada Arely primero como secretaria general y luego como Oficial Mayor del Poder Judicial.

Dos, cuando en 2012 junto a 15 personas más, su nombre aparece como una de las integrantes de las telebancadas. Entonces analistas y medios de comunicación dieron cuenta de once telediputados y cinco telesenadores, ahí se anotaba a Arely Gómez González en calidad de hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticias de Televisa. Además resaltaban en la misma categoría: Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca. Carlos Alberto Puente Salas, ex jefe administrativo de TV Azteca. Juan Gerardo Flores, ex funcionario de la Cofetel, y Armando Melgar, colaborador de canal 40 y antes de TV Azteca. En 2012 suponían, y Televisa no lo aclaró, que la inclusión de Arely Gómez era la parte representativa del consorcio de Emilio Azcárraga.

En aquel año pues, cuando la Procuradora fue incluida en la lista de telelegisladores, ni Televisa ni su hermano Leopoldo Gómez, salieron a aclarar que poco o nada tenían que ver con ella. Cómo hace unos días lo hizo la procuradora Gómez al deslindarse de la vida profesional de su hermano públicamente, y de Televisa.

Sin embargo valga la pregunta ¿Habría llegado Arely Gómez González a la lista del PRI al Senado de la República en 2012 de no ser por su asociación con el Grupo Televisa, tan ligado entonces y ahora al grupo de Enrique Peña Nieto?

La realidad es que viendo el currículum de la abogada Gómez González, poco tiene que ver con el funcionamiento de la PGR y la procuración de justicia. Lo suyo, lo verdaderamente suyo es la administración de la justicia.

Vaya, en México, en la forma y en la constitución, el Poder Judicial no está ligado al Poder Ejecutivo. La Procuraduría General de la República que dentro de poco y de la mano de Arely Gómez transitará a la Fiscalía General de la República, es como su nombre lo refiere la que procura justicia a partir de la investigación ministerial, la consignación de los casos por parte de los Ministerios Públicos, y la representante del Estado Mexicano al momento de perseguir, investigar y representar en el proceso judicial a la República. El Poder Judicial, por su parte, es el que administra la justicia, el que resuelve de acuerdo a los elementos que el Ministerio Público le hace llegar, así como los referidos por la defensa de los indiciados, si una persona, entidad o empresa, es responsable o no de los delitos que se le acusa, así como de dictar la sentencia que corresponda.

La señora Gómez González ha estado mayormente en la administración de la justicia. Ha resuelto a favor o en contra de la Procuraduría General de la República y otras instancias del País. A excepción de los pocos años que sirvió a otro cuate del presidente, Eduardo Medina Mora, mientras éste era procurador General de la República y la nombró a ella Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, y después coordinador de fiscalías estratégicas, el ejercicio de la procuración de justicia no está registrado en el currículum de la nominada por Peña y seleccionada por los Senadores para hacerla de Procuradora General de la República.

El cuatismo –dícese de la premisa de contratar o nominar a los cuates para puestos clave- sigue siendo la política de nominaciones del presidente Peña, pues no hay otra manera de justificar que llegue a la PGR una experta en el Poder Judicial. Y no es -porque en política no existen- coincidencia que el nominado por el presidente para Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea precisamente el ex jefe en la PGR, de Arely Gómez González, o sea, Eduardo Medina Mora.

De esta manera tenemos, o al menos podemos observar cómo al Presidente se le cruzaron los cuates, y nominó a la Procuraduría a una mujer con experiencia en el Poder Judicial, mientras nomina al Poder Judicial a un hombre con experiencia en la Procuración de Justicia… qué cosa ¿No?

Para explicar este galimatías político, Enrique Peña Nieto declaró a reporteros en su viaje por Inglaterra: “Lo que yo he sopesado es que son dos personajes diferentes (que) a lo mejor se encontraron en algún momento en alguna tarea que coincidentemente les tocó asumir en un período de su derrotero profesional, pero ambos son personajes muy acreditados en el servicio público, con amplia experiencia de haber cumplido con tareas de importancia en el ámbito de procuración de justicia y del Poder Judicial”… ¿Entendió usted?

Pero pues como donde manda presidente de la República que es del priísta, no gobierna Cámara de Senadores, por lo pronto Peña ya obtuvo una de dos. Ayer martes 3 de febrero le fue aprobada su nominada a la PGR, y en los siguientes días le darán razón de sus nominados al Poder Judicial.

A la abogada Arely Gómez González no le espera cualquier cosa. La PGR, con todo y que cambie de nombre, es una Institución que requiere de un cambio de personal, de profesionalización del Ministerio Público, de aprendizaje de ciencias en la investigación y procesamiento de la información, de efectividad en la consignación de averiguaciones y casos para que la justicia sea administrada y la impunidad abatida.

La Procuradora tiene una responsabilidad enorme como Fiscal de la Nación: Investigar a narcotraficantes, secuestradores, criminales organizados, de trata de personas y de cuello blanco, para que todos ellos terminen en prisión y la sociedad sea más segura. Debe acabar Gómez con la sensación que en México sí existe el crimen perfecto porque los asesinos de miles de mexicanos no están en prisión.

Debe investigar y aprehender a homicidas, secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes, para sentar el precedente de que en este país quien comete un delito pagará por ello, premisa que al no ejercerse abona al crecimiento de la impunidad.

Tiene además la enorme tarea de hacer una real depuración en la corporación policíaca investigadora de la PGR, una de las más corruptas del País y una de las más protegidas por la impunidad que solo provee el Estado Mexicano. Además debe resolver el tema de los presos políticos, las autodefensas que terminaron en prisión por defender lo que el Gobierno no quiso primero y no pudo después: a su pueblo y a los suyos. También determinar si el mamotreto de Jesús Murillo Karam, respecto las conclusiones de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, sucedió como dicen los narcotraficantes detenidos, o existe otra verdad sustentada, esta sí, en la investigación científica para determinar dónde están los 43 estudiantes, y si los escasos restos de Alexander Mora realmente fueron encontrados en una bolsa de basura, o fueron sembrados en la misma.

No es tarea fácil la que tiene la procuradora que hereda una institución históricamente desprestigiada. Veamos qué hace en la práctica de la Procuración de Justicia, Mejor aún, veámosla alejada de los intereses de grupos televisivos y de la Suprema Corte. Se vale soñar.

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