Política

Al Congreso, Ley de Autodefensa

• Campeche se suma a los estados de Nuevo León y Guanajuato, donde recientemente la figura jurídica “Actuó en Defensa Propia” ha tenido total aceptación social.

• El gobernador Moreno Cárdenas solicita ampliar concepto de “Legítima Defensa”, para exentar a la víctima de responsabilidad penal al actuar en defensa propia.

• Aclara: “sigue siendo labor de las autoridades de seguridad pública la prevención del delito; el trabajo de procuración de justicia continúa en constante mejora.

El Poder Ejecutivo de Campeche solicitó al Poder Legislativo reformar el Código Penal del Estado, a fin de modificar el concepto de legítima defensa y ampliarlo para que, en caso de que cualquier víctima de delito repela su inminente agresión y cause un daño al agresor, quede exenta de responsabilidad penal.

En su exposición de motivos, el mandatario reconoce que el entorno social se ha conmocionado al testificar diversos casos de violencia y delincuencia, que ha generado una percepción de inseguridad pública, aunque ésta no se refleje estadísticamente en denuncias o querellas.

Sin embargo -agrega en el texto de su iniciativa-, la percepción social de inseguridad origina que la sociedad se sienta vulnerable, tanto en su persona, familia o bienes, por lo que solicita se modifiquen las leyes penales.

De esta manera, la exigencia social obtiene respuesta de sus gobernantes para que, actuar en legítima defensa, aun cuando el daño que se cause sean lesiones o, en casos extremos, se prive de la vida al agresor, sea una excluyente de responsabilidad penal.

Insiste en que mediante la presente Iniciativa, se pretende respaldar a la sociedad para que, en el supuesto de que se dieran casos en los que se necesite actuar en legítima defensa, se excluya de la responsabilidad penal y se genere así la tranquilidad social de sentirse legítimamente protegidos.

No obstante, sigue siendo labor de las autoridades de seguridad pública comprometerse con todos los Campechanos en seguir con su labor de prevención del delito y, de igual forma, la labor de las autoridades de procuración de justicia continúa en constante mejora en beneficio de todos.

Es obligación del Estado brindar la seguridad a la ciudadanía y garantizar a todos sus derechos fundamentales para vivir en armonía, paz y procurar el bien común.

Es por ello, y en atención a todo lo expuesto con anterioridad y tomando en consideración figuras jurídicas que han tenido aceptación social en otras entidades federativas como Nuevo León y Guanajuato.

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