Duro y Tupido

Caso Oceanografía Sin Solución

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a la larga cadena de acusaciones por actos de corrupción, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se prestan a cerrar la investigación contra la naviera predilecta del régimen panista: Oceanografía.

Ante las irregularidades encontradas, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Rogerio Castro Vázquez, presentó una denuncia formal ante la PGR, el pasado 29 de junio, y exigió llevar las indagatorias hasta sus últimas consecuencias para sancionar a todos aquellos funcionarios que en este caso actuaron dolosamente “contra los intereses de la nación y el patrimonio público”.

 

Si bien la acusación directa es contra Héctor Orozco Fernández y Norma Romero Mendoza, director general y coordinadora jurídica del SAE; Luis Alfonso Maza Urueta, designado por el SAE como administrador de Oceanografía; Juan Antonio de Anda Turati, conciliador en el concurso mercantil con motivo de la quiebra de la naviera, y Amado Omar Yáñez Osuna, socio mayoritario, la denuncia del legislador también toca a funcionarios y exfuncionarios de la PGR, incluidos sus extitulares Jesús Murillo Karam y Arely Gómez, actual titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La denuncia que “por obligación ética y moral” interpuso Castro Vázquez, militante de Morena, se suma a la serie de quejas y demandas que trabajadores y empresarios afectados tienen acumuladas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el órgano interno de control del SAE y hasta en la Presidencia de la República.

Fundada en 1968 por Amado Yáñez Correa con el nombre de Consultores y Contratistas en Oceanografía S.A. de C.V, la naviera, que en 1990 cambió su razón social a Oceanografía, se alzó en los gobiernos panistas como “la principal contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) como proveedor”, según anunciaba su página “de servicios especializados en ingeniería geofísica marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos”.

Con Amado Yáñez Osuna (hijo del fundador) a la cabeza, la expansión y auge de la compañía inició en el sexenio de Vicente Fox, cuyos hijastros, los hermanos Bribiesca Sahagún, fueron ligados a ella y presuntamente la salvaron de la quiebra en 2000. Con socios como los hermanos Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez, la época de esplendor de la naviera se extendió al sexenio de Felipe Calderón y la primera parte del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, que finalmente marcó su ruina.

En febrero de 2014 Citigroup denunció un fraude de 400 millones de dólares por un crédito de 585 millones de dólares que Banamex, su subsidiaria en México, otorgó a Oceanografía. La empresa dio como garantía el pago de cuentas por cobrar a Pemex por servicios realizados (el mismo importante del empréstito), cuando en realidad sólo alcanzaba 185 millones de dólares.

Por esa denuncia la PGR intervino a la compañía y aseguró sus bienes, cuya administración quedó a cargo del SAE. Fue inhabilitada por 21 meses y 12 días para participar en los concursos de contratación de la petrolera, y luego llevada a concurso mercantil.

Sin el aval de sus acreedores, el 9 agosto de 2016 el juez Felipe Consuelo Soto –el mismo que tuvo a su cargo el caso de Mexicana de Aviación– declaró a la empresa “en pleno estado de quiebra”, con fecha de retroacción al 13 de octubre de 2013.

Yáñez Osuna fue encarcelado en octubre de 2014. Tras pagar una fianza de 7.5 millones de pesos, salió de la cárcel en abril pasado para continuar su proceso en libertad. Martín Díaz Álvarez, director financiero de Oceanografía y socio de Yáñez desde 2009, fue detenido en agosto de 2015 por autoridades migratorias en Estados Unidos. Aunque sobre él pesaba una orden de aprehensión girada en 2014 por el mismo caso, su extradición no se consumó y finalmente obtuvo su libertad.

Díaz Álvarez es yerno del político priista veracruzano Dionisio Pérez Jácome; cuñado de Dionisio Pérez Jácome Friscione, representante permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Diaz, y primo político de Juan José Suárez Coopel, exdirector de Pemex.

Según el informe de la Comisión Legislativa que se integró para dar seguimiento al caso, Díaz Álvarez también es pariente “en cuarto grado” de Arely Gómez, razón por la cual ésta se excusó, cuando era senadora, para no formar parte del equipo de investigación. Posteriormente ese conflicto de intereses como procuradora general de la República fue expuesto por Castro Díaz en su denuncia.

Los otros accionistas de Oceanografía son los hermanos Rodríguez Borgio, sobrinos del exbanquero Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino; Inmobiliaria Amagdez S.A. de C.V., también propiedad de los Yáñez, Carlos Daniel Yáñez Osuna y Alberto Duarte Martínez.

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En entrevista con Apro, Castro Vázquez cuestiona la autenticidad y el trasfondo de la quiebra de Oceanografía.

“Hemos encontrado tantas anomalías y corruptelas en todo el proceso del caso, que nos cuesta creer que verdaderamente está en ruina. ¿Cómo creer que Oceanografía está verdaderamente quebrada, cuando nos hemos encontrado nóminas con cargo a la empresa de hasta 500 trabajadores, entre los que detectamos a personal del propio SAE?”, pregunta.

Según el diputado, entre la documentación obtenida en investigaciones paralelas, como la que emprendió la Comisión Especial integrada para indagar el caso, “hay inverosímiles comprobantes de gastos” que reportaron los funcionarios del SAE encargados de administrar Oceanografía mientras duró la intervención, como una factura por comida de 2 millones de pesos.

“También estamos enterados de que se vendieron activos de la empresa en operaciones que no fueron reportadas, y es necesario que la PGR investigue esto, sobre todo porque a miles de trabajadores no les han querido pagar, aduciendo que no hay dinero”, destaca.

En su opinión, los motivos reales por los que se suspendió el embargo y se dio por quebrada a la naviera de Amado Yáñez fue, por un lado, impedir que en las pesquisas de la PGR siguieran apareciendo nombres de posibles involucrados en las irregularidades, y por otro, liberarla de tener que pagar a todos sus acreedores, entre ellos más de 4 mil trabajadores que han quedado en la indefensión jurídica.

Cuando comenzó la intervención, Oceanografía ostentaba activos estimados en más de 24 mil millones de pesos, sustentados al menos en tres quintas partes en el valor de sus 69 embarcaciones. Además, mantenía una plantilla de más de 11 mil empleados, de los cuales más de 4 mil no han sido liquidados a la fecha. Cientos de ellos, cuya antigüedad laboral oscila entre los cinco y los 40 años, ni siquiera han sido formalmente despedidos, pero el SAE no les ha cubierto sus salarios.

“Somos más de 4 mil los trabajadores que estamos en esta situación, que ninguna autoridad nos ha querido resolver, y ahora, en el proceso de quiebra, se negaron a reconocernos entre los acreedores de la empresa, en cuya lista paradójicamente sí quedaron incluidas subsidiarias de la propia Oceanografía, cuando las leyes mercantiles establecen que en todo proceso de quiebra son los empleados los que tienen prioridad en los cobros a la empresa”, denuncia el ingeniero Elías Marín, uno de los representantes de los empleados afectados.

De acuerdo con un informe que la entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, entregó el 6 de mayo de 2014 a la Comisión Especial Legislativa que se integró para dar seguimiento al caso (cuyo expediente es el UEIORPIFAM/AP/065/2014), la naviera había dejado de pagar desde un mes antes de su aseguramiento.

El oficio SJAI/315/2014 señala que “con el aseguramiento tanto de Oceanografía como de sus cuentas, así como las de los accionistas de la misma y las empresas de éstos, no sólo se evitó la suspensión de operaciones, sino además se procuró salvaguardar la fuente de trabajo de los empleados, así como sus derechos laborales y los derechos de los acreedores”.

Dice también que el 28 de febrero de 2014 se inscribió ante los registros públicos correspondientes “el aseguramiento ministerial sobre diversos bienes de los cuales destacan por su importancia” 20 buques y cinco predios.

En esa lista de buques están Sea Horse; Caballo Grande, ex Paul Candies; Caballo Fuerte, ex Otto Candies; Caballo Azul; Paula Kay; Olímpico; Caballo Bucéfalo, exWitch Queen; Caballo Lusitano; Caballo Criollo: Doris I; DLB 801; Perla; Caballo Percherón; Kristin Grace; Oceanográfica; Gaviota; Seba’an, antes Speeder; OSA 1 (uso particular), y Osa 2 (uso particular), todas ellas propiedad de Oceanografía.

De igual manera, entre los bienes asegurados se incluye el barco estelar que operaba Oceanografía, el más grande del mundo en su género: el Osa Goliath, de nacionalidad panameña y que resultó ser propiedad de la naviera CVI Global Lux Oil & Gas3, S.A.R.L. No obstante, a la brava, la nave fue rescatada de la PGR por los noruegos, que la sacaron del país llevándose todo el costoso material de Pemex que se encontraba a bordo y que no fue recuperado.

Los inmuebles asegurados, según esa relación de la PGR, son el Predio Urbano Lote 2-A, Manzana D; Predio Urbano Lote 1-B, Manzana F; Predio Urbano Lote 2, Manzana D, todos del parque industrial Portuario Laguna Azul, en Ciudad del Carmen, así como el Predio Urbano Número 12, de la calle 23-A, también en Ciudad del Carmen, y el marcado con el número 1012 de la avenida Salvador Díaz Mirón, colonia María de la Piedad, en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Oceanografía tenía como seis barcos, los más nuevos, los más costosos, sólo abajo del Osa Goliath, entre estos el Don Amado, Don Daniel, Amado Daniel, Caballo Marango y Caballo Maya, que no fueron asegurados, eran de Amado Yáñez con la empresa Caballo Frión. Días después del embargo se hizo una asamblea en la que se cambió de nombre a la empresa por Naviera Naranja y sustituyeron accionistas. Ahora resulta que esa empresa figura entre los acreedores reconocidos y quién sabe cuántas más, como Caballo Frión”, dice Elías Martín.

“Es una corrupción tremenda a la que nos hemos enfrentado”, lamenta.

En su denuncia, Castro Vázquez resalta el hecho de que en el concurso mercantil la empresa Caballo Frión Arrendadora S.A, de C.V., que era parte de Oceanografía al momento de ser asegurada, fue reconocida como acreedora y rebautizada con el nombre de Naviera Naranja y otros accionistas.
En el concurso mercantil fueron reconocidos 245 acreedores definitivos y se desconoció a 38, así como a la masa de trabajadores. De los más de 4 mil, la autoridad sólo reconoció a tres como acreedores de la compañía.

De acuerdo con el oficio DGCS/NI:140/2014 –emitido por el Consejo de la Judicatura el 24 de octubre de 2014–, respecto del concurso mercantil 29/2014, la autoridad judicial resolvió aprobar parcialmente la lista definitiva de reconocimiento de graduación y prelación de créditos propuestos por el conciliador Juan Antonio de Anda Turati.

La lista de los 245 acreedores definitivos quedó así: tres créditos en grado laborales contra la masa; un crédito de grado fiscal a favor del IMSS; 11 créditos relativos a seguridad, refacción y conservación de la masa; 23 créditos con garantía real hipotecaria; un crédito con garantía real prendaria; 19 créditos de grado fiscal sin garantía real; cuatro créditos de grado relativo a otras obligaciones laborales, y un crédito de grado subordinado por relación personal con el comerciante.

Ahí figuran, con adeudos tazados en UDIS, el IMSS, Pemex Exploración y Producción, Infonavit, gobierno de Campeche, SAT, Banamex, Banorte y Santander, además de numerosas empresas, entre ellas subsidiarias de Oceanografía como OSA Proveedora de Bienes y Servicios S.A de C.V., esta última reclamando un adeudo de 56 millones 776 mil 148.65 UDIS.

Banamex también aparece en la lista de los acreedores no reconocidos con cuatro adeudos reclamados, uno de ellos por 995 millones 902 mil 691.12 de UDIS.

“Es un absurdo que en una empresa de 11 mil trabajadores el juez sólo reconozca a tres como acreedores”, expresa indignado Elías Martín, quien también cuestiona que en el proceso de entrega-recepción de Oceanografía, luego de levantarse el aseguramiento, José Daniel Rocha Perea, quien fungió como síndico del SAE en la empresa, sea el designado por los acreedores como síndico para recibirla. “¡Se entregará a sí mismo!”, sostiene.

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En la denuncia interpuesta en junio pasado, que incluye el informe de la Comisión Especial Legislativa, se señala que entre 2005 y 2009 la Auditoría Superior de la Federación ya había detectado “serias irregularidades” en las operaciones de Oceanografía, tomando en cuenta que Pemex pagó sobreprecios por la renta de sus buques, un hecho que también fue denunciado en su momento ante la PGR, pero el Ministerio Público declaró “el no ejercicio de la acción penal”.

Señala que con la intervención de Oceanografía, Pemex dejó de producir –según declaraciones que obran el expediente– más de 80 mil barriles de crudo diarios, “lo que evidentemente causó perjuicio por los malos manejos de los recursos públicos”.

Y también denuncia los daños que esa acción causó a los obreros de la empresa.

Peor aún, cuando el SAE tomó la administración creó un sindicato fantasma al que desvió dinero cuyo destino debió haber sido el pago a los trabajadores, quienes hasta ahora no han recibido sus salarios ni indemnizaciones.

La demanda cuestiona además la venta del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, que pertenecía a Yáñez, así como la inacción de las autoridades en otras demandas contra Oceanografía, como la que presentó la empresa Exincomer, cuyos terrenos fueron invadidos por la compañía y asegurados por la PGR. A la fecha nadie ha respondido por los perjuicios causados.

Castro Vázquez acusa a Arely Gómez de haber permitido que Oceanografía fuera llevada a concurso mercantil, supuestamente para sanearla financieramente, y exigió que la exprocuradora sea llamada a rendir cuentas por los daños causados y la falta de resultados en la indagatoria, “que en otros países habría sido motivo para que expresidentes o el propio presidente fueran llamados a declarar”.

Añade: “Con esta denuncia queremos dejar clara nuestra responsabilidad de combatir la corrupción. Estamos muy comprometidos en ello y queremos que se investigue, que no quede impune este caso, sobre todo cuando a cientos de trabajadores y varios empresarios afectados no se les ha querido pagar lo que se les debe”.

El diputado de 31 años subraya: “Es evidente que se está queriendo proteger a altos funcionarios y empresarios vinculados a ellos, por eso quieren ya cerrar el caso, y en este afán están cometiendo muchos ilícitos, más de los que pudimos denunciar. No podemos permitir que se cierre la investigación, queremos que se llegue al fondo”.

Los beneficiados con la quiebra, remata, son los propios accionistas de Oceanografía, porque las autoridades sólo han favorecido “al defraudador y no a los afectados, pero vamos a seguir el caso, seguiremos exigiendo a las autoridades que actúen de manera correcta”.

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