Columna

Ciudadanos contra políticos.

Peña Nieto lo está haciendo mal, y las encuestas de evaluación presidencial lo muestran, pero la oposición lo está haciendo peor. Y eso es una tragedia para la salud de nuestra frágil vida pública.

Por distintas razones, el deterioro que padecen el PAN y el PRD, provocan que el PRI encabece las intenciones de voto para las próximas elecciones. En otras palabras, eso significa que las autoridades no tendrán que pagar ninguna factura política por sus errores. Y eso, como señalo, es desastroso para cualquier comunidad.

Peor aún, a pesar de ser elecciones intermedias, algo importante se está jugando este verano en las urnas. Actualmente el PRI y sus aliados (PVEM y Panal) alcanzan 251 de los 500 escaños en la Cámara de Diputados, es decir literalmente 50% más uno, justo la mayoría relativa que requiere la aprobación de los presupuestos o el diseño de las leyes secundarias de las reformas. Las previsiones de los encuestadores señalan que la próxima jornada electoral arrojará una proporción muy cercana a la actual. Pero eso puede significar diez diputados más hacia arriba o hacia abajo y, como sabemos, el diablo está en los detalles. Para lo que resta del sexenio se trata de un resultado decisivo: la diferencia entre tener un poder legislativo subordinado o uno con capacidad de negociar.

Eso explica porque las autoridades han sido absolutamente laxas con el Partido Verde. Les ayuda a captar un ciudadano que no votaría por el PRI, pero que terminará sumando a la causa del PRI en las decisiones que cuentan. La presión en el INE o la complicidad del TRIFE son apenas un reflejo de lo mucho que se está apostando por este partido para alcanzar la meta que el Presidente necesita. Sergio Aguayo publicó hace unos días detalles de la manera en que las televisoras han forzado pautas y coberturas informativas para incrementar la recordación del Verde, de cara a las próximas elecciones.

En sí mismo no hay nada vergonzante en el hecho de que el poder ejecutivo conduzca una estrategia política para alcanzar mayoría en el Congreso. Lo hace Obama en Estados Unidos y Cameron en Inglaterra. Y desde luego, lo hacen recurriendo a los límites de lo que sus normas permiten.

Algunos analistas argumentan a favor de la estabilidad y la certidumbre que tendría la segunda mitad del sexenio si Peña Nieto logra la ansiada mayoría relativa. En efecto, le permitiría definir los detalles de la reformas secundarias y aterrizarlas sin necesidad de desgastarse en negociaciones con la oposición. Justamente allí está la virtud pero también la perversidad. Algunos consideran que las ventajas superan a las desventajas. Cuestión de enfoques.

Ciertamente no es fácil optar entre el presidencialismo y la partidocracia. En los procesos en los que manda el Congreso los ciudadanos nos quedamos con la impresión de que los asuntos se deciden a favor de las dirigencias de los partidos, empeñadas en mantener sus privilegios. Agendas mezquinas que tienen muy poco que ver con las banderas ideológicas que presumen durante las campañas. En los nombramientos de consejeros electorales, ministros, miembros de comités de competencia, etcétera, han mostrado una y otra vez un espíritu mercenario deplorable que termina en repartos de pastel por cuotas partidistas.

Pero eso no hace más virtuoso al presidencialismo, particularmente por la larga tradición autoritaria de la que procedemos. Las tentaciones están allí, y no veo el caso de ofrecerles un caldo de cultivo para que se reproduzcan. A lo largo de sus reformas Peña Nieto se ha caracterizado por dar dos pasos adelante seguidos de uno o dos hacia atrás. Están claros de que el país debe cambiar, pero también están aferrados a que cambie sin que se modifique las lógicas que les permitirían seguir en el poder. Libradas a los exclusivos designios de la presidencia, las leyes secundarias de las reformas reflejarán necesariamente esa contradicción.

Lo que nos estamos jugando en las próximas elecciones es, justamente, si la andanada de cambios que se nos vienen para los siguientes años son diseñados en solitario por el ejecutivo o en conjunto con los otros partidos. Y pese a reconocer el lamentable desempeño de la oposición, me parece que la discusión pública de los asuntos que atañen a todos sería más provechoso para los mexicanos.

Entiendo la desconfianza hacia la clase política de aquellos que argumentan a favor de nulificar el voto. Es cierto que los políticos nos han enajenado la cosa pública. No obstante, me parece que depende del voto ciudadano la posibilidad de que el PRI y el PVEM alcancen o no la mayoría que buscan en el Congreso. Y eso no es poca cosa.

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